PALOS Y CÁRCEL A LOS TRABAJADORES

Daniel Ruiz: “Tenerme como preso político es para domesticar a los que luchan”

El militante del PSTU lleva cinco meses detenido. Myriam Bregman y Christian Castillo acaban de presentar un amicus curiae en Tribunales en su favor y contra la criminalización de la protesta social.

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NOTA EN LA IZQUIERDIA DIARIO 15.02.2019

Daniel Ruiz es obrero, congresal del gremio petrolero de Comodoro Rivadavia (Chubut) y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Desde el 12 de septiembre se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz, por el mero hecho de haber participado de la masiva movilización contra la reforma previsional de diciembre de 2017 frente al Congreso Nacional.

Desde el momento de su detención, organismos de derechos humanos y demás organizaciones políticas y sociales lanzaron una campaña por su liberación.

Este miércoles, organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se manifestaron en las puertas de los tribunales federales de Comodoro Py para solicitar a la Sala I de la Cámara Federal de Casación que realice una audiencia oral y pública para resolver el recurso de excarcelación planteado por la defensa de Ruiz.

Carta a cinco meses

El día anterior, el martes 12, al cumplirse cinco meses de su detención Ruiz hizo pública una carta desde la cárcel de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

“5 meses resistiendo. 5 meses de apoyo y solidaridad. 3 años que el pueblo lucha contra Macri. Ya no quedan dudas que mi arresto tiene fines políticos por parte del Gobierno Nacional y su ministra Patricia Bullrich”, escribió Ruiz. Y agregó que “pese al hostigamiento, lo único que consiguieron es que nuestra lucha se conozca y allí tomar más fuerza. Las políticas económicas de Macri han dejado despidos, hambre, cierre de empresas y comercios, mi ciudad Comodoro Rivadavia es testigo de esto, como también otras regiones del país”.

El obrero petrolero agradeció “todo el apoyo” recibido en estos cinco meses. “Son enormes las muestras en todos lados, en Argentina como en otros países del mundo. 
Tenerme como preso político es para domesticar a los trabajadores que luchan, no han podido, ustedes siguen luchando y esa es la garantía que pronto saldremos libres todos los presos políticos de este gobierno”, afirma.

Y finaliza la carta con las consignas “¡Viva la lucha del pueblo trabajador! ¡Basta de Macri! ¡Fuera el FMI! ¡Por un gobierno obrero y popular! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Basta de perseguir a Sebastián Romero! ¡Justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel!”

Amicus curiae

Como parte de la campaña en su defensa, el jueves la diputada porteña Myriam Bregman y su par bonaerense (mandato cumplido) Christian Castillo (ambos del PTS – FIT) presentaron a los jueces del Tribunal Oral Federal n°3 un pedido para ser tenidos amicus curiae en la causa. Allí detallan las múltiples arbitrariedades en la investigación de los hechos del 18 de diciembre de 2017 por los que está detenido Ruiz.

El texto presentado por Bregman y Castillo (que se puede leer completo al final de esta nota), remarca “la gravedad institucional de los hechos” que derivaron en la causa en la que está imputado Ruiz, “en un contexto de criminalización de la protesta social y del actuar ilegítimo e ilegal de las fuerzas de seguridad en los mismos”, sobre quienes la vara del Poder Judicial es muy diferente que la usada para perseguir y detener a dirigentes políticos, sindicales y sociales, especialmente de izquierda.

En línea con lo manifestado por el propio Ruiz en su carta desde el penal de Marcos Paz, los dirigentes del PTS-FIT (con dilatada trayectoria en la defensa de los derechos humanos) definen como “especialmente grave” que se encuentre detenido “en el marco de las presentes actuaciones cuando no se encuentra acreditado de ningún modo que este trabajador y dirigente del gremio petrolero haya lesionado a persona alguna, ni tampoco siquiera haber creado riesgo cierto contra ningún efectivo policial”.

Teniendo en cuenta que lleva más de 150 días en prisión, “acusado de delitos excarcelables”, consideran como “un grave antecedente que no se haya dispuesto su libertad una vez finalizada la investigación ya que ahora tampoco resulta atendible el argumento de que con su detención se buscaba evitar que este manifestante obstruyera la pesquisa en su contra”.

“Por último queremos señalar que como dirigentes políticos y de Derechos Humanos vemos con especial preocupación que a un manifestante se lo mantenga detenido con el argumento de que un compañero de su misma organización política se encuentre investigado en la misma causa. Esto último representa un grave caso de arbitrariedad por carecer de toda razonabilidad”, sentencian Bregman y Castillo.

“Sin policías detenidos”

En un texto publicado en sus redes sociales, Myriam Bregman remarca que Ruiz “no hirió a nadie ni estuvo cerca de hacerlo. Lo acusan junto con otros de supuestamente arrojar al aire fuegos artificiales (‘tres tiros’). Nos preguntamos por qué no persiguen e investigan al menos con el mismo vigor a los centenares de policías que han disparado miles de balas de goma al rostro de la multitud en esas jornadas, haciéndole perder un ojo a decenas de manifestantes, o gasearon y asfixiaron a otros miles, que fueron aplastados en avalanchas cuando debían huir. Ese accionar policial se asemeja mucho más a la mentada “intimidación pública” y es sistemático por parte de las fuerzas represivas contra los trabajadores y el pueblo pobre que protesta. Pero no hay policías detenidos por ello. Ni uno”.

El abogado Matías Aufieri, miembro del CeProDH y patrocinante de otros imputados en la misma causa, explicó a este diario que en diciembre la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentó un escrito similar al de los diputados del PTS-FIT ante el juez Sergio Torres, que debe resolver la situación de otra docena de imputados llamados a indagatoria en los últimos meses de 2018.