Santa Cruz: Las petroleras quieren que los trabajadores paguen los platos rotos
Por PSTU PATAGONIA OCTUBRE 2.016
En el marco de la ofensiva patronal y del Gobierno contra los trabajadores, sus organizaciones sindicales y sus delegados gremiales fueron desaforados y despedidos aduciendo justa causa 10 delegados petroleros de Santa Cruz y 5 de Chubut por parte de la multinacional San Antonio International (SAI). Esta ofensiva no es nueva, si tenemos en cuenta otros casos emblemáticos de judicialización y criminalización de la protesta social, como es el caso de la cadena perpetua a los trabajadores petroleros de Las Heras por luchar contra el impuesto a las ganancias y la tercerización laboral, o el encarcelamiento de los compañeros Víctor Oñate y Acosta por llevar adelante una lucha con afectación de la planta deshidratadora de Las Heras. O también, el encarcelamiento de Cuellito Oñate, Néstor Vibares y Jorge Armoa, miembros de la comisión directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, y delegado respectivamente por una lucha gremial, de la mano del inefable servidor patronal, el juez Quelin. Esta arremetida del 2.016 está hecha a partir del plafón de la sentencia de la corte suprema de justicia en el caso Orellano, que verticaliza y conculca la posibilidad de llevar adelante una protesta y limita el accionar de los cuerpos de delegados y comisiones internas. Es sobre este pretexto que se monta el accionar de esta multinacional sobre los compañeros delegados de SAI.
Este avance patronal contó con el aval del secretario general del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, Claudio Vidal, que no movió un dedo por los compañeros despedidos. Tampoco llamó a luchar ni a llevar medidas adelantes por su reincorporación. La empresa también contó con el “visto bueno” del propio Gobierno tanto nacional como provincial, que garantizaron la impunidad para despedir y perseguir. Otra vez que las operadoras y empresas, miembros de las cámaras empresariales, violan actas y resoluciones ministeriales firmadas por ellas mismas, como es la de no despedir personal, a cambio del cual estuvieron recibiendo y continúan recibiendo inmensos subsidios del Estado.
La industria petrolera encaja perfectamente con lo que las patronales y el gobierno llamado “restructuración productiva” y que se ha materializado en las resoluciones 365 y 644, otro ataque sobre las condiciones laborales. Modifica desde el diagrama de trabajo hasta las condiciones para trabajar, con viento y de noche. Junto con ello vienen: la falta de pago y el atraso en los salarios, los adelantamientos de vacaciones, la baja de equipos, los retiros voluntarios y los despidos como los ocurridos en Baker Hughes y SAI. Todo para que la crisis la paguemos los trabajadores.
